Políticas de drogas: un siglo haciendo como que funciona

En el post anterior analizamos por qué el mercado de drogas quedó al margen de la revolución de Internet. Para entender la relevancia de su incorporación a través de los criptomercados, hay que valorar antes las consecuencias que han tenido las Políticas de Drogas que lo empujaron a la clandestinidad. Teniendo claro este contexto, apuntaremos después algunos posibles significados de los criptomercados.

1.- Un siglo repitiendo lo mismo

El alcohol, el opio, el cannabis, la coca, el tabaco y otras sustancias han sido un elemento central en el ámbito médico, religioso o recreativo a lo largo de la Historia. De distintas maneras, los Estados han intentado regular su producción y consumo mediante impuestos, monopolios o restricciones locales.

La idea de que determinadas drogas debían desaparecer del mercado mediante su prohibición es, en realidad, bastante reciente.

Para encontrar uno de los primeros grandes conflictos en los que las drogas, el comercio y el poder político aparecen entrelazados a escala internacional tenemos que viajar hasta el siglo XIX y dos Imperios: el Chino y el Británico.

1.1.- De las Guerras del Opio a la Guerra contra las Drogas:

En la primera mitad del siglo XIX la medicina y la farmacología estaban aún en pañales. La tradición era el criterio para elegir los tratamientos médicos que incluían plantas como la mandrágora o la valeriana y químicos como las sales de mercurio o el arsénico. En definitiva, los pacientes mejoraban, sobrevivían o morían de forma más o menos aleatoria como consecuencia o a pesar del tratamiento prescrito por el médico.

Una excepción notable era el opio (Papaver somniferum), cuya eficacia contra el dolor había mitigado el sufrimiento humano durante milenios. En el siglo XIX el mercado del opio era legal, enorme, rentable y constituía una parte significativa de los ingresos de Estados y empresas. El opio solo tenía dos inconvenientes: la intoxicación deprime la función respiratoria y puede ser mortal con relativa facilidad y su administración habitual puede generar dependencia en pocas semanas.

Estas dos características empezaron a adquirir dimensiones de problema de Salud Pública en China. El Imperio Británico tenía un importante desequilibrio comercial con China. A los ingleses les encantaban los productos chinos (sobre todo el té, la seda y la porcelana), pero los chinos no compartían el entusiasmo británico por importar productos europeos.

La Compañía Británica de las Indias Orientales tenía el monopolio de la producción de opio en amplias zonas de la India, colonias británicas en aquella época, y utilizó las redes comerciales existentes para expandir su venta clandestina de forma masiva en el mercado chino. China intentó frenar las exportaciones de los ingleses desencadenando las Guerras del Opio (1839-1842) y (1856-1860).

China perdió ambas guerras y se vio obligada a abrir sus puertos comerciales y ceder Hong Kong a los ingleses. Pero a lo largo del siglo XIX se fue haciendo evidente que los problemas del opio (sanitarios, pero también económicos y políticos) no eran exclusivamente chinos y era necesaria una regulación internacional. Los sucesivos tratados internacionales: Shanghái (1909), La Haya (1912) o las Convenciones de la Sociedad de Naciones de 1921, 1931 y 1936 no consiguieron solucionar este asunto de forma definitiva.

Una Convención Única para gobernarlos a todos...

La posición dominante de Estados Unidos tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial permitió convocar una Convención de Naciones Unidas en 1961 a la que puso el nombre de Única. El objetivo era agrupar sobre una misma legislación única internacional el control del opio, el cannabis, la hoja de coca y los derivados farmacéuticos que pueden obtenerse al procesarlos.

Merece la pena detenernos en el Preámbulo de la Convención, en el que se explican y justifican las medidas de control que acordaron los países firmantes, la práctica totalidad de los Estados.

Las Partes,
Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad,
Reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin,
Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad,
Conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese mal.
(...)
Deseando concertar una Convención internacional que sea de aceptación general, en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la que se limite el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una cooperación y una fiscalización internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos,
ACUERDAN...

Además del componente "moral" explicitado, y que teñirá el resto de esta y las posteriores Convenciones, la Única considera como objetivos al mismo nivel garantizar la disponibilidad de estos fármacos para el dolor además de combatir lo que hoy llamamos "trastornos adictivos".

Por otra parte, la Convención no menciona ni una sola vez los consumos de drogas fuera de lo terapéutico o lo patológico. No queda muy claro si lo que hoy llamamos usos recreativos, ocasionales, no problemáticos... (y que constituyen estadísticamente la gran mayoría de los usos de drogas) quedan fuera de su aplicación o si, directamente, "Las Partes" ni se lo plantearon.

Estas dos consideraciones no son anecdóticas, sino que forman parte principal de los problemas que vamos a analizar.

1.2.- ...y otra para intentarlo otra vez

Pero el intento no salió bien y en 1971 se convocó otra Convención: la Única se había centrado en opio, cannabis y cocaína, dejando fuera a los psicotrópicos sintéticos y farmacéuticos. Entre ellos los barbitúricos, fármacos para tratar el insomnio que en los 60 eran un problema de Salud Pública en Estados Unidos mucho más relevante que la heroína o la cocaína. También el LSD, un psicodélico inocuo a nivel orgánico y sin potencial de dependencia, pero estandarte del movimiento contracultural. Así que clasificaron las sustancias con un sistema más basado en la peligrosidad moral que en criterios científicos o farmacológicos. En lugar de "controlar", "regular" o "ordenar", lo que se hizo en la práctica fue "prohibir" determinadas sustancias transfiriendo el control de su producción, distribución y venta desde los Gobiernos y las empresas privadas a mafias y grupos criminales.

1.3.- La Guerra contra las (personas que toman) drogas:

En aquel momento Estados Unidos estaba metido hasta el cuello en la Guerra del Vietnam. Sin capacidad para emprender más conflictos militares, el presidente Richard Nixon decidió declarar la Guerra metafórica a las drogas. La War on Drugs (1971) consistió en un plan para reducir la demanda mediante programas de tratamiento y prevención, y por otro atacar la oferta persiguiendo y castigando severamente el tráfico. Sus sucesores Gerald Ford (1974-1977) y Jimmy Carter (1977-1981) continuaron la estrategia que combinaba prevención, tratamiento y represión de una forma más o menos equilibrada.

Pero es bajo el mandato de Ronald Reagan (1981-1989) cuando la balanza se desequilibra y la Guerra contra las Drogas se transforma en la Guerra contra las personas que toman drogas. La entrada en vigor de la Anti-Drug Abuse Act (1986) equiparaba 500 g de cocaína en polvo a 5 gramos de crack (cocaína en base para fumar) para activar una pena mínima de cinco años de cárcel. Las cárceles se llenan desproporcionadamente de afroamericanos y personas con bajo nivel socioeconómico, que son los que mayoritariamente utilizan cocaína fumada. La población penitenciaria en Estados Unidos se duplica entre 1981 (369.000 reclusos, 24% por delitos de drogas) y 1990 (770.000 reclusos, 54% delitos de drogas).

Por si todo esto fuera poco, una nueva y misteriosa enfermedad que debilita las defensas hasta causar la muerte por infecciones o tumores, el SIDA, se comunica por primera vez en 1981 en Los Ángeles y se expande con rapidez por todo el país y el resto del mundo. Los primeros informes epidemiológicos indican que los grupos de riesgo son las "4H": heroinómanos, homosexuales, haitianos y hemofílicos, aunque fueron los dos primeros el blanco ideal para presentar la pandemia como la consecuencia de estilos de vida desviados. Historiadores y epidemiólogos han señalado los recortes presupuestarios, el bloqueo de fondos y la obstrucción de campañas preventivas del CDC. Reagan habló por primera vez en público sobre el tema en 1987 en una cena solidaria organizada por la actriz y activista Elizabeth Taylor. En su discurso enfatizaba su apoyo a "víctimas inocentes: hemofílicos e hijos de madres portadoras de VIH", y proponía medidas como hacer obligatorio el test diagnóstico a reclusos, inmigrantes y como parte de los trámites previos a contraer matrimonio, provocando una reacción de sonoros abucheos entre el público.

La Administración Reagan aún tendría tiempo para endurecer más las medidas penales con un segundo Anti-Drug Abuse Act (1988) y promovería la internacionalización y militarización como respuesta al problema.

Es en este escenario en el que se convoca en Nueva York la tercera y última Convención de Naciones Unidas que abandona cualquier enfoque sanitario o de control para incidir exclusivamente en el castigo y la represión como única respuesta al problema de las drogas.

2.- Una industria criminal pero muy eficiente:

Si algo hay que reconocer a las mafias, sindicatos del crimen y delincuentes de guante blanco que gestionan la producción, distribución y venta de las drogas desde los años 60 del siglo pasado es su impecable eficiencia a la hora de gestionar el negocio. Hay muchas drogas que pueden producirse en cualquier parte del mundo sintetizándolas a partir de compuestos orgánicos o inorgánicos. Otras, como los derivados del cannabis o del opio, necesitan de esos vegetales como materia prima, pero son plantas que crecen fácilmente en distintas condiciones climatológicas.

Por eso es importante analizar el caso concreto de la cocaína. La cocaína se extrae de las hojas secas de Erythroxylum coca, un arbusto muy exigente en cuanto a condiciones de presión, temperatura y humedad. En la práctica, el área geográfica del mundo en la que se cultiva para uso comercial se concentra en zonas de los Andes en Perú, Colombia y Bolivia. UNODC estimaba una superficie total de cultivo de unas 377.000 hectáreas en 2024, un espacio comparable a la superficie de la isla de Mallorca. El producto final (cocaína) depende del contenido de las hojas y del método de extracción, pero es necesario procesar cientos de kilos de hojas para obtener un kilogramo de cocaína.

Los recursos económicos y humanos que Estados Unidos ha destinado a combatir el tráfico de cocaína incluyen campañas de fumigación, promoción de cultivos alternativos, operaciones aéreas, marítimas y terrestres contra cargamentos, rutas de transporte y precursores, detenciones, procesamiento y extradición de traficantes. Estados Unidos, sobre todo en Colombia, ha proporcionado entrenamiento, armamento, helicópteros, inteligencia, logística y personal de apoyo. Aunque ha participado ocasionalmente de forma directa en algunas operaciones, la ejecución sobre el terreno corresponde a las fuerzas colombianas. A nivel mundial, la acción policial impide la entrada en el mercado de más de 2.000 toneladas de cocaína al año.

Con toda esta presión sobre productores, distribuidores y vendedores, lo lógico sería pensar en la cocaína como un artículo de auténtico lujo de precio desorbitado y difícil de encontrar.

Sin embargo, la cocaína es uno más de los productos de un mercado globalizado igual que las hamburguesas del Burguer King.. Comprar un gramo de coca en las discotecas de San Francisco, los suburbios de Nairobi o el puerto de Tokio es tan sencillo como tomar un sucedáneo de café en una franquicia de Starbucks . Y desde luego, mucho más sencillo que comprar un antibiótico para una infección de orina un sábado por la noch- Y al menos en los países de Europa Occidental, su precio ha permanecido estable durante décadas, o más bien ha descendido si contamoe el efecto de la inflación.

Pretender que la estrategia basada en el control de la oferta tiene un impacto significativo en su disponibilidad es una fantasía. Creer que terminará con el tráfico de drogas entra ya en el terreno del delirio.

Es cierto que la industria del narcotráfico juega con ventaja. No tiene que pagar impuestos por su actividad económica, no necesita invertir en los mismos sistemas de control de calidad ni someter sus productos a las evaluaciones sanitarias a las que están sometidos los fármacos o los alimentos. Y sus conexiones con otras actividades criminales igualmente lucrativas pero mucho más dañinas para las víctimas y el resto de la sociedad (terrorismo, explotación sexual, tráfico de armas…) sitúan a la industria del narcotráfico en una posición privilegiada para imponer sus propias reglas. En ausencia de contratos reconocidos, tribunales o mecanismos legales para resolver los conflictos, la fuerza acaba convirtiéndose en el último árbitro del mercado.

3.-Las consecuencias de las políticas de drogas

El error (o la trampa, según el grado de intencionalidad que consideremos) es que el discurso hegemónico confunde los problemas que causan las drogas con los problemas que se generan como consecuencia de las Políticas de Drogas. Las Políticas de Drogas son la causa de que el mercado sea clandestino, factor que explica su incorporación tardía al mercado global. El uso o el mal uso de drogas puede causar determinados problemas de salud. Y podemos evaluar las consecuencias que las Políticas de Drogas han causado de forma más o menos objetiva.

Sería sencillo hacer una crítica demoledora a las Políticas de Drogas acudiendo a informes de la Drug Policy Alliance, Open Society Foundation, Transnational Institute o cualquier otra institución crítica con las Políticas de Drogas vigentes. Así que, para ponernos las cosas un poco más difíciles (pero solo un poco) vamos a utilizar los datos y estadísticas que ofrecen las instituciones que conforman el núcleo del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas.

La mayoría de los datos que vamos a proporcionar a partir de ahora proceden de los informes anuales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB). El primero tiene una perspectiva más política y se caracteriza por recopilar y analizar información mundial sobre drogas y delincuencia con una metodología sistemática. El INCB es un organismo de la ONU que se define como "cuasijudicial" e "independiente" a la vez y que vela por el cumplimiento de las Convenciones de 1961, 1971 y 1988.

3.1.- Criminalización y encarcelamiento de consumidores

UNODC estima en sus informes anuales la población penitenciaria mundial en 11,5 millones de personas en 2024. Un 50-55% de los reclusos han sido privados de libertad por asuntos que implican violencia (asesinato, violación, robos con violencia) o delitos contra la propiedad. Un 20% están encarcelados por delitos relacionados con drogas. Existen importantes diferencias entre países: en Tailandia y México esta proporción es del 68% y 57%, mientras que en Australia y Nueva Zelanda supone el 10-12% de la población reclusa.

La mayoría son hombres aunque se ha producido un incremento progresivo entre las mujeres. Entre 1986 y 2016 el crecimiento fue de un 300% entre los hombres y un 800% entre las mujeres. En América Latina los delitos por drogas son el motivo más frecuente de encarcelamiento femenino (JIFE 2016).

Una proporción muy importante de las actuaciones relacionadas con drogas se dirige contra personas que consumen o poseen pequeñas cantidades para uso personal. Esto puede describirse como "salvaje", "inhumano", "draconiano", aunque la criminalización de la adquisición, el consumo y la tenencia de drogas para uso personal forma parte de las recomendaciones de la Convención de 1988 (Art 3.2). La recomendación incluye la cláusula de salvaguarda “con sujeción a los principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico”. Una cautela bastante razonable, aunque sorprende que haya que recordar que los Estados tienen Constituciones y sistemas jurídicos propios.

Han tenido que pasar casi 30 años para que la JIFE (en sus informes de 2016 y 2017) afirme de forma explícita que las Convenciones no obligan a los Estados a imponer penas punitivas o privativas de libertad por delitos menores, como la posesión de pequeñas cantidades para uso personal, y ha defendido respuestas orientadas al "tratamiento y la rehabilitación".

Algo hemos avanzado. Para la JIFE una china de hachís en un bolsillo no es un delito que merezca necesariamente la cárcel. Ahora es una desviación patológica susceptible de tratamiento como la homosexualidad en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Conceptos como "elección personal", "libertad individual" o "derecho a modificar el estado de conciencia" todavía quedan a años luz.

Las estadísticas de estos organismos tampoco permiten captar qué ocurre fuera del sistema judicial. En países asiáticos es frecuente que las actuaciones no se tramiten en el marco de un proceso judicial con garantías. En su lugar el castigo se impone a través de la vía administrativa y en muchas ocasiones son las Fuerzas de Seguridad quienes tienen la potestad de internar o no a una persona.

El ingreso obligatorio en centros de reeducación gestionados por la Policía o el Ejército es una práctica común en Camboya, China, Laos, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. A finales de 2018, al menos 478.000 personas estaban detenidas en este tipo de centros en esos siete países. En algunos casos, la decisión de internar a una persona se toma a partir de una intervención policial, un resultado positivo o a petición de la familia sin que medien agentes judiciales ni sanitarios.

En 2026, 36 países contemplan la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. En 2025 Amnistía Internacional documentó ejecuciones por delitos relacionados con drogas en China, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y Singapur: 1257, casi la mitad (46%) de las ejecuciones registradas en todo el mundo

3.2- Ineficacia en reducir el número de consumidores

Imaginemos que un país pone en marcha un plan a largo plazo contra el paro y 15 años después el número de desempleados pasa de 2 a 3 millones. O que ese país emprende una campaña de vacunación contra una enfermedad infecciosa y al cabo de 15 años el número de enfermos no ha disminuido, sino que ha aumentado un 50%. Quizá otros factores han podido influir en los resultados, pero permiten afirmar como mínimo que esas iniciativas no han contribuido a la solución del problema que querían arreglar y convendría estudiar cada asunto a fondo y proponer abordajes alternativos.

Volvamos ahora al asunto que nos ocupa. Los informes anuales de UNODC recogen sistemáticamente el indicador "consumidores de drogas", definiendo como tales a aquellas personas que han utilizado al menos una vez drogas ilegales durante el año anterior. El resultado es del mismo orden de los anteriores ejemplos: en 2010 el número de consumidores se estimaba en 226 millones de personas entre 15 y 64 años, cifra que asciende hasta los 331 millones en 2024. Y el incremento de la población mundial no sirve para explicar el fenómeno: en ese rango de edad y periodo de tiempo la población ha aumentado aproximadamente un 15% y el número de consumidores un 45%.

Vuelvo a insistir en que los datos proceden de UNODC y figuran en un lugar destacado dentro de sus informes, como puede comprobar el lector en los hipervínculos. Es este mismo organismo el que calcula el número de "consumidores problemáticos" en un 19%. Es decir, el "problema de las drogas" afecta en realidad al 0,79% de la población mundial, 1 de cada 126: 64 millones de personas.

No se trata de hacer un ranking de desgracias, sino de poner las cifras y el nivel de respuesta que generan en su lugar.

3.3 .-Una catástrofe de Salud Púbica

Otra de las paradojas de las Políticas de Drogas es presentar el tratamiento médico como una opción aceptable para quien no lo precisa (los consumidores no problemáticos) pero negarlo o dificultarlo a quienes más lo necesitan.

• Rusia es el único país de gran tamaño que formalmente prohíbe los programas con metadona y buprenorfina pese a que ambos fármacos figuran en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS. Se estima que el 40% de la población mundial vive en Estados en los que el tratamiento con metadona, buprenorfina y otros opiáceos existe solo en teoría o sobre el papel.
• El 50% de la población mundial vive en países donde no hay disponibles programas de intercambio de jeringuillas. No hemos encontrado estudios específicos, pero sí hay datos que sugieren que en muchos países la venta de jeringuillas se realiza solo con receta médica o se deja al criterio del farmacéutico.
• Solo 11 países en el mundo disponen de programas de intercambio de jeringuillas dentro de las prisiones. Una revisión de diferentes ensayos clínicos estima que el riesgo de infectarse de VIH o VHC aumenta un 81% y un 61% tras un encarcelamiento reciente. Dar ese paso implica reconocer que el Estado es incapaz de impedir que las personas utilicen drogas, ni siquiera en el espacio físico donde puede ejercer el máximo grado de control. España, Francia, Luxemburgo e Italia son los únicos países europeos que dan más valor a la salud de sus reclusos que a mantener una mentira.

Los problemas sanitarios provocados o exacerbados por las Políticas de Drogas son mucho más amplios. Recordemos el doble objetivo de garantizar el uso terapéutico de opiáceos y combatir la toxicomanía del preámbulo de la Convención de 1961. Éste sigue explicitado en la Convención de 1971 pero en la de 1988 directamente desaparece: paliar el sufrimiento deja de ser una prioridad para las grandes potencias porque las consecuencias las sufrirán los más pobres.

• En 2015, 25,5 millones de personas murieron experimentando sufrimiento grave relacionado con su salud. El 80% vivían en países pobres.
• El 86 % de la población mundial vivía en países donde la disponibilidad de opioides farmacéuticos para el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos estaba por debajo de la media mundial.
• El 8% de las personas que necesitan cuidados paliativos en Latinoamérica recibirán fármacos adecuados.
• El coste de tratamiento de un mes de morfina es de 60 EUR en Suecia o Alemania vs 600 EUR en México o Nepal.

Las adulteraciones son otro de los problemas importantes que vuelve a poner sobre la mesa el asunto de las causas, las consecuencias y los responsables. En el caso de una intoxicación en un restaurante puede discutirse si la responsabilidad recae en el productor, en el manipulador o en los mecanismos de control. Pero nadie echaría la culpa al intoxicado por "tomar mayonesa en verano". La responsabilidad de un accidente provocado por la pieza defectuosa de un coche puede discutirse de forma análoga, pero no puede solucionarse considerando que "es lo que tiene comprar un coche de gama media". No estoy negando la responsabilidad del individuo, señalo que con los usuarios de drogas se usa otra vara de medir.

Algunos datos sobre la adulteración de heroína con fentanilo y otros opioides de gran potencia, que constituye un problema de Salud Pública de gran envergadura en Norteamérica:

• Entre 2020 y 2024, el 75% de las muertes por sobredosis entre jóvenes de 10 a 19 años involucraron fentanilo.
• De los 168 intoxicaciones hospitalarias en 10 centros hospitalarios en 2024, solo 46 (27%) tenían marcadores en sangre que indicaban que la muestra contenía solo heroína.
• El propio CDC afirma que en 2025 las sobredosis de drogas son la principal causa de muerte de los estadounidenses de 18-44 años, si bien la estadística recoge un leve descenso en el último año.

En este caso la responsabilidad suele descargarse en los compradores o vendedores del tramo minorista. Las Políticas de Drogas son incapaces de controlar la oferta de drogas y al menos son corresponsables de la situación. El debate suele reducirse a drogas zombis, drogas caníbales en lugar de un abordaje serio. Cabe señalar también que el manejo médico del fentanilo incluso en personas ancianas no causa demasiadas dificultades siempre que podamos calcular la dosis.io. Cabe señalar también que el manejo médico del fentanilo incluso en persona ancianas no causa demasiadas dificultades siempre que podamos calcular la dosis.

3.4.-Corrupción institucional

La corrupción e influencia de las redes criminales sobre las estructuras básicas que cohesionan la sociedad es un grave problema.

Los beneficios generados por los mercados ilegales aumentan su capacidad para corromper, infiltrarse y comprar voluntades para facilitar el trabajo de las redes criminales, creando un círculo vicioso. Cuando el fenómeno alcanza una magnitud suficiente, estas redes consiguen penetrar en las estructuras sociales y económicas, llegando a entorpecer las funciones propias de los Estados.

El correcto funcionamiento de la Policía y la Justicia son elementos imprescindibles para las sociedades democráticas. Pero policías, fiscales y jueces presentan una elevada vulnerabilidad para que, ante una elevada suma de dinero (o también ante una amenaza igualmente grande), modifiquen su forma de trabajar. Su mayor exposición a las redes criminales los convierte también en objetivos potenciales de amenazas e intimidaciones, de forma análoga a la del bombero ante el fuego o la del sanitario ante un agente infeccioso.

Y, como suele suceder, los males siempre afectan a los más pobres. Funcionarios con salarios justos, en estructuras jerarquizadas y que disponen de mecanismos de control, son menos susceptibles a la corrupción que aquellos que ejercen sus funciones en países pobres y con instituciones más débiles. UNODC señala precisamente que existe una relación bidireccional entre narcotráfico y corrupción: el tráfico de drogas prospera cuando la presencia del Estado y el Estado de derecho son débiles, mientras que los beneficios del narcotráfico proporcionan a las organizaciones criminales recursos para comprar protección de agentes policiales, políticos y otros funcionarios.

Guinea-Bissau constituye uno de los ejemplos más extremos. Un informe de Naciones Unidas describió al país como el primer Estado de África occidental que había adquirido algunos atributos de un "narcoestado", en el sentido de que sus instituciones habían quedado comprometidas por los traficantes de drogas. El mismo informe documentaba acusaciones de complicidad de altos cargos políticos y militares y señalaba cómo el tráfico de cocaína había penetrado en las estructuras de gobierno y seguridad.

Guatemala ofrece otro ejemplo, aunque de características diferentes. UNODC ha documentado una corrupción policial especialmente grave relacionada con el narcotráfico y otros delitos, así como casos de intimidación y compra de funcionarios que afectan a fiscales y jueces. En 2005, por ejemplo, habían sido expulsados unos 4.000 agentes de la Policía Nacional por presuntas actividades corruptas, y varios responsables de unidades antinarcóticos fueron acusados de participar en operaciones de tráfico de cocaína.

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3.5.-Precios de risa

Los recursos materiales y humanos destinados a controlar la oferta no parecen traducirse en un incremento del precio. Las drogas sometidas a mecanismos de control (en este caso el tabaco, monopolio del Estado) permiten regular las condiciones para su venta y controlar su precio a través de los impuestos. El endurecimiento de estas condiciones a través de las Leyes es uno de los factores que explican el importante descenso en las tasas de consumo de tabaco en Europa y en España en particular. Es notable que el éxito más relevante en la lucha contra los problemas de salud causados por las drogas se haya producido en una sustancia sometida a un régimen de control verdadero y eficaz

En algunos modelos teóricos de física (y en las películas de Marvel) se consideran multiversos paralelos en los que los cambios de decisiones producen resultados distintos. No parece que esa tecnología vaya a estar disponible ni se trata de imaginar qué habría sucedido en un mundo en el que los problemas derivados del uso de la heroína se hubieran gestionado de otra manera. Basta con tener en cuenta que el VIH o los virus de hepatitis (VHB y VHC) no se transmiten por consumir heroína sino por compartir jeringuillas. A día de hoy se estima que 250.000 personas mueren al año por compartir jeringuillas en relación con las hepatitis. Esas muertes son la consecuencia directa de unas Políticas de Drogas determinadas y tienen responsables, tanto por acción como por omisión.

La experiencia muestra además que en aquellos países que han puesto en marcha algún programa alternativo aplicando su soberanía nacional por encima de las Convenciones (Uruguay con la regulación del cannabis en 2013, Portugal con su despenalización del consumo hasta ciertas cantidades en 2001, Suiza y sus programas de heroína terapéutica en Suiza...) no parece haberse desatado ningún Apocalipsis social ni Armagedón sanitario. Como mucho han despertado la "honda preocupación" de la INCB, una de las funciones centrales de este organismo: tirar de las orejas a los Estados soberanos cuando se producen estas situaciones.

Los que sufren las consecuencias de estas políticas son los países más pobres y las personas más vulnerables. La reforma profunda de las políticas de drogas apenas parece figurar en ninguna agenda por tratarse de un tema políticamente incorrecto.

Queda a criterio del lector decidir cuál es el adjetivo más adecuado para calificar las políticas de drogas vigentes: inadecuadas, ineficaces, genocidas o criminales.

Después de más de sesenta años de guerra contra las drogas, los mercados de la Dark Web pueden ser parte del problema, o parte de la solución.